El pasado 11 de octubre se aprobó el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la cual se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2023. El objetivo general de esta normativa es reducir el desecho de alimentos sin consumir que acaban en la basura o se pierden por el camino.
¿Por qué el desecho alimentario es un problema? Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020. Esto supone un problema:
- Económico y medioambiental: tirar alimentos supone un desperdicio de recursos naturales como el agua, además del trabajo de productores y las emisiones que se generan para producir estos alimentos y llevarlos hasta su destino.
- Ético y moral: actualmente hay más 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y otras 1.600 millones que tienen problemas de nutrición, según datos de la FAO. Pero no hace falta irse tan lejos, durante el último año hemos podido ver en muchos barrios de nuestras ciudades las llamadas «colas del hambre» a las que se han visto empujadas un cuarto de millón de familias según datos del Programa de Ayuda Alimentaria del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).
Pero no solo en los hogares ocurre desperdicio de alimentos. Durante toda la cadena de transporte, desde que se produce hasta que llega a nuestras cocinas, se van produciendo pérdidas de alimentos, normalmente causadas por errores en la planificación y calendario de cosecha, desecho de productos por su aspecto, manipulación y almacenamiento inadecuado, entre otros.
En este punto incide la nueva ley, en la que se establece un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración. ¿Cómo se quiere conseguir esto? Algunas de las propuestas dadas son la donación a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos de los excedentes de stock y alimentos en buen estado que se fueran a descartar o la transformación en otros productos, como zumos o mermeladas, de aquellos alimentos frescos no vendidos pero aptos para el consumo. Cuando no sean aptos para el consumo humano, se propone la transformación de estos alimentos en subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.
Otro de los puntos clave son las grandes superficies y mercados. En estos establecimientos muchos alimentos son desechados una vez se acerca su fecha de consumo preferente o si su aspecto no es el óptimo. Aunque esto está cambiando –algunas grandes superficies ya cuentan con neveras donde puedes encontrar estos productos a un precio rebajado– la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario puede ser el gran empujón que necesitan para mejorar el aprovechamiento de alimentos y hábitos alimentarios más sostenibles ya que establece que «los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación», además «deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo» e incentivar también la venta de alimentos de temporada, ecológicos y ambientalmente sostenibles, a granel y de proximidad.
En cuanto a la otra gran fuente de desperdicio alimentario, los establecimientos de hostelería, tendrán que ofrecer la posibilidad de llevarse la comida que no se haya consumido (sin coste adicional) e informar de ello de forma visible en la carta o menú. Esta práctica está ya muy extendida y la pandemia ha hecho que aumenten los bares y restaurantes que te dan la posibilidad de llevarte a casa la comida, pero sí es verdad que todavía hay personas que no caen en pedirlo o le da vergüenza hacerlo por lo que una buena señalización de este servicio es un buen avance hacia la normalización de llevarse las sobras a casa. Esto unido al uso de apps como Too Good To Go –que permiten rescatar los alimentos que no han sido vendidos durante el día– reduce en gran medida el desperdicio de alimentos en este sector.
Con esta ley se abre de nuevo un debate, que como se vio con la polémica de reducir el consumo de carne, es muy necesario en nuestra sociedad: la necesidad de seguir una alimentación sana, sostenible, rica y asequible.
Pero esta ley no es un caso aislado que solo se vaya a llevar a cabo en nuestro país, tanto a nivel europeo como global se está caminando también en esta dirección. Muchos países de la Unión Europea ya cuentan con leyes contra el desperdicio de alimentos como Francia o Italia, y a nivel comunitario hay una iniciativa dentro de la estrategia De la granja a la mesa que busca proponer objetivos jurídicamente vinculantes para reducir el desperdicio de alimentos. A nivel global, encontramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente –en la meta 12.3– la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.
Como ha declarado el ministro Luis Planas «No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura» y es necesario que toda la sociedad en su conjunto rememos en la misma dirección: una vida más sostenible y un consumo más consciente de nuestros recursos. Esta ley puede ser un buen primer paso pero es fundamental que todos los agentes de la cadena alimentaria participen y se involucren para que realmente haya un cambio en la buena dirección, si no será otro papel mojado más.
Carlota López Fernández
Fotografía: Lenka Dzurendova en Unsplash
